Los armadores de The Italian Sea Group recuperan el derecho a resolver sus contratos y cobrar

La línea que el tribunal ha suprimido

El 30 de julio, la Sección Quinta de lo Civil del Tribunal de Florencia revocó en parte las medidas cautelares que había concedido a The Italian Sea Group el 6 de julio. Aquellas medidas, dictadas con carácter provisional al amparo del artículo 44 del código italiano de la crisis de empresa y de la insolvencia, producían tres efectos a la vez. Impedían a los armadores ejercer los remedios de autotutela pactados en sus contratos de construcción. Les impedían ejecutar las garantías y los avales que respaldaban sus pedidos. Y prohibían a las entidades emisoras de esas garantías pagarlas.

Las tres han caído. El armador cuyo contrato prevé la resolución por incumplimiento del astillero puede ejercerla. Quien tiene una garantía de devolución puede presentarla, y el banco que la emitió es libre de atenderla. Todo lo demás se mantiene: las medidas protectoras confirmadas el 6 de julio, en vigor desde el 1 de julio durante los cuatro meses que la ley permite, siguen plenamente vigentes, y la sociedad declaró tras el auto que no quedan afectadas. Lo que el tribunal retiró afectaba a una sola clase de contrapartes, y esa clase es el cliente.

Lea la motivación, no el fallo

El tribunal no liberó a los armadores porque les diera la razón. Levantó el bloqueo porque el bloqueo había dejado de servir al plan para cuya protección se había dictado. La propuesta de saneamiento del grupo ya no contempla terminar toda la cartera de pedidos. La versión revisada completa solo aquellos encargos considerados económicamente sostenibles, los que se espera que generen valor en la entrega. En cuanto un astillero deja de tener intención de construir un casco, el tribunal no halló motivo para mantener al armador de ese casco apartado de su contrato.

Para un armador a mitad de construcción, esa motivación es la noticia real, porque señala en qué lado de la línea está su propio contrato. Un encargo que el astillero aún pretende entregar queda dentro del plan y dentro de la protección que resta. Un encargo excluido del plan ya no queda en ninguno de los dos, y la retirada del escudo se lee como la notificación. No se ha publicado ninguna lista. Quien quiera saber dónde está tendrá que preguntarlo, y preguntarlo por escrito.

Lo que el tribunal puso en su lugar

El astillero no quedó descubierto en todos los frentes. En el mismo auto, el tribunal estableció una medida más acotada en favor de los proveedores estratégicos, es decir, de las empresas que trabajan en los encargos que The Italian Sea Group todavía pretende entregar. Esos proveedores pueden cobrar ahora directamente de la sociedad en lugar de mediante la cesión de sus créditos a sociedades de factoring, y así hasta que el grupo alcance un acuerdo con los factores.

La elección de a quién amparar resulta reveladora. El factoring soporta la partida vencida más pesada: de los EUR 266,8 millones que el grupo declaró vencidos, EUR 99 millones se debían a sociedades de factoring. El tribunal ha protegido el flujo de piezas y mano de obra hacia los cascos que se van a terminar, y ha remitido a sus contratos a los armadores de todos los demás. Es un triaje, y se está haciendo en público, delante de los clientes.

Las fechas que vienen

El plan es el siguiente hito. Se espera que el grupo lo presente ante las autoridades regionales toscanas antes de mediados de agosto, y tras el auto declaró que seguirá con las directrices acordadas sin modificación. Por separado ha apuntado una posible ampliación de capital de unos EUR 100 millones, no antes del cuarto trimestre de 2026, condicionada a acuerdos vinculantes con proveedores, armadores y prestamistas, y a las condiciones de mercado.

En paralelo avanza el proceso de venta. El 27 de julio, Sanlorenzo puso su nombre detrás de Polo Nautico Carrara, el consorcio que puja por todo el negocio, en términos que se quedan con los astilleros y las marcas y dejan la deuda donde está. Esa oferta siempre contempló renegociar los encargos vivos armador por armador. El auto del 30 de julio mueve el equilibrio en esa mesa, porque un armador que puede resolver de forma creíble y ejecutar su garantía se sienta de otra manera que quien no puede.

El documento que hay que leer esta semana

Tener derecho a resolver no significa que convenga usarlo. Ejecutar una garantía de devolución termina la construcción, devuelve el anticipo si el instrumento aguanta y el emisor paga, y devuelve al armador al principio de la cola por una plaza en un astillero que no esté en crisis. A este tamaño, esas plazas están comprometidas durante años. Quedarse dentro significa negociar precio y fecha con quien acabe siendo dueño del astillero.

La variable que decide es la propia garantía. Un armador debería leer ahora el título que respalda su anticipo: quién lo emitió, si es una garantía de devolución a primer requerimiento o un aval sujeto a condiciones, qué activa el pago y en qué fecha caduca el propio título. El Tribunal de Florencia acaba de volver a hacer exigible ese papel. Lo que valga depende de cláusulas pactadas años antes de que todo esto empezara.